La Querella Criminal
La Querella Criminal

Interponen querella criminal por “ausencia” de carpeta investigativa en denuncia a Nelson Pizarro.

El Sindicato de Supervisores y Profesionales de la División Salvador, reveló en una conferencia de Prensa que interpusieron una querella criminal, patrocinados por los ex fiscales, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

La querella es en contra de quienes resulten responsables y se origina a raíz lo señalado por la Dirección del trabajo Regional de Atacama en su respuesta a la solicitud del juez del Primer Juzgado Laboral de Santiago, donde se tramita la demanda del sindicato que interpuso en contra de Nelson Pizarro por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales.

La autoridad regional laboral expresó que “respecto a esta denuncia, no se generó informe ni expediente administrativo alguno, ello por cuanto el Sindicato denunció los mismos hechos judicialmente, razón por la cual este Servicio se vio en la obligación de inhibirse de investigar, ello en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Presidente del Sindicato de Supervisores de División Salvador, Rodrigo González no comparte los dichos de la Autoridad.

“No se ajusta a la realidad, por cuanto se hicieron 2 denuncias: la primera dirigida al Director Regional del Trabajo, a fines de Septiembre del 2017 y la segunda a Director Nacional del Trabajo, a fines de Octubre del 2017. Además tenemos otros antecedentes como por ejemplo la concurrencia de una fiscalizadora para investigar los hechos denunciados, por lo que necesariamente se debió formar un expediente administrativo. Incluso le enviamos la información por correo electrónico, tenemos respaldo de eso, declaró González.

“Es posible que la conducta que haya desplegado el funcionario público que emitió el documento, sea constitutiva de un delito, que es el de falsificación de instrumento público, dado que en el caso de todo instrumento público, el funcionario que lo emite debe decir la verdad. Si no lo hace, puede caer en una infracción que está prevista en el código penal”, declaró Pablo Norambuena, abogado patrocinante de la acción legal. 

“Si efectivamente no existe dicho expediente, que debiera haberse generado por cuanto se siguieron los procedimientos de denuncia, se estaría privando al juzgado de conocer estos antecedentes, lo que nos perjudica como sindicato y como demandantes de la justicia laboral”, razonó Rodrigo González, presidente del Sindicato.

“Ante estos hechos hemos presentado una querella criminal con el objeto que se investigue a través de la Policía y se tomen declaraciones y se incaute la correspondencia electrónica que existió por este tema al interior de la Dirección del Trabajo”, agregó el dirigente.

 

Interponen querella criminal por “ausencia” de carpeta investigativa en denuncia a Nelson Pizarro.

El Sindicato de Supervisores y Profesionales de la División Salvador, reveló en una conferencia de Prensa que interpusieron una querella criminal, patrocinados por los ex fiscales, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

La querella es en contra de quienes resulten responsables y se origina a raíz lo señalado por la Dirección del trabajo Regional de Atacama en su respuesta a la solicitud del juez del Primer Juzgado Laboral de Santiago, donde se tramita la demanda del sindicato que interpuso en contra de Nelson Pizarro por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales.

La autoridad regional laboral expresó que “respecto a esta denuncia, no se generó informe ni expediente administrativo alguno, ello por cuanto el Sindicato denunció los mismos hechos judicialmente, razón por la cual este Servicio se vio en la obligación de inhibirse de investigar, ello en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Presidente del Sindicato de Supervisores de División Salvador, Rodrigo González no comparte los dichos de la Autoridad.

“No se ajusta a la realidad, por cuanto se hicieron 2 denuncias: la primera dirigida al Director Regional del Trabajo, a fines de Septiembre del 2017 y la segunda a Director Nacional del Trabajo, a fines de Octubre del 2017. Además tenemos otros antecedentes como por ejemplo la concurrencia de una fiscalizadora para investigar los hechos denunciados, por lo que necesariamente se debió formar un expediente administrativo. Incluso le enviamos la información por correo electrónico, tenemos respaldo de eso, declaró González.

“Es posible que la conducta que haya desplegado el funcionario público que emitió el documento, sea constitutiva de un delito, que es el de falsificación de instrumento público, dado que en el caso de todo instrumento público, el funcionario que lo emite debe decir la verdad. Si no lo hace, puede caer en una infracción que está prevista en el código penal”, declaró Pablo Norambuena, abogado patrocinante de la acción legal. 

“Si efectivamente no existe dicho expediente, que debiera haberse generado por cuanto se siguieron los procedimientos de denuncia, se estaría privando al juzgado de conocer estos antecedentes, lo que nos perjudica como sindicato y como demandantes de la justicia laboral”, razonó Rodrigo González, presidente del Sindicato.

“Ante estos hechos hemos presentado una querella criminal con el objeto que se investigue a través de la Policía y se tomen declaraciones y se incaute la correspondencia electrónica que existió por este tema al interior de la Dirección del Trabajo”, agregó el dirigente.

 

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